El pasado 6 de junio el gerente general de Puerto Coronel, Patricio Román, ingresó ante el Primer Juzgado de Letras de la ciudad una demanda civil en contra del alcalde Boris Chamorro, el exconcejal Eduardo Araya y cuatro dirigentes sindicales de estibadores de la comuna, exigiendo la restitución de dineros que habrían recibido en medio de la anterior administración de la compañía.
Recordemos que el jefe comunal está imputado por cohecho y que cumple arresto domiciliario nocturno en la causa penal.
Según la acción legal, los hechos ocurrieron durante la directiva anterior de la firma, la misma donde la actual administración advirtió “la existencia de una estructura delictiva destinada a extraer de forma ilícita, fondos de la compañía”.
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A continución se menciona a los exejecutivos y proveedores de Puerto Coronel, los cuales se encuentran formalizados en una causa penal por delitos económicos.
Sin embargo, la demanda civil es contra quienes habrían obtenido “beneficios provenientes” de lo que la portuaria llama “estructura ilícita”.
El libelo apunta a “la emisión de facturas por servicios no prestados para crear un fondo no trazable” y “la frustrada permuta de terrenos entre Puerto Coronel e Inmobiliaria Delsava Limitada”.
La finalidad de ello habría sido “distraer dineros de la compañía para crear una especie de caja negra con fondos que no pudieran ser rastreados”.
MILLONARIOS MONTOS
La demanda de Patricio Román pide que el alcalde Boris Chamorro restituya o indemnice a Puerto Coronel el monto de 82 millones de pesos que habría recibido desde la compañía a través de un proveedor.
Por el exconcejal Eduardo Araya pide la cifra de $72.250.000, mientras que por los dirigentes sindicales Guillermo Jaque, Raúl Cabezas, Tomás Soto y David Guerrero, solicita $81.750.000 por cada uno.
Además, el máximo ejecutivo de Puerto Coronel pide que se condene en costas a los demandados.
