Un grupo transversal de parlamentarios encabezados por las presidentas de Senado, Paulina Núñez y de la Comisión de Gobierno, Danisa Astudillo (PS), presentaron un proyecto de ley destinado a fortalecer los mecanismos de control, verificación y trazabilidad en los procedimientos de reunificación familiar contemplados en la Ley de Migración y Extranjería.
La iniciativa también cuenta con las firmas de los senadores Ximena Órdenes (PPD), Esteban Velásquez (FRVS) y Rodolfo Carter (Rep), y su objetivo es reforzar la protección de niños, niñas y adolescentes, elevando los estándares de acreditación de identidad, vínculo familiar y responsabilidad efectiva de los adultos a cargo.
Asimismo, establece mecanismos de revisión cuando existan antecedentes falsificados, simulaciones o inconsistencias graves en los permisos otorgados.
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El proyecto surge en el contexto de la investigación sobre posible tráfico de menore que surgió luego de que la Contraloría General de la República revisara datos sobre ingresos al país. De acuerdo con los organismo fiscalizador, entre 2023 y 2024 llegaron cerca de tres mil 500 personas desde Haití bajo la modalidad de Reunificación Familiar. En el período siguiente, entre 2024 y 2025, la cifra aumentó a ocho mil 693.
Según los antecedentes recopilados en la indagatoria, al menos 64 niños, niñas y adolescentes no pudieron ser ubicados durante las verificaciones efectuadas por organismos públicos.
TRAZABILIDAD DE LOS EXPEDIENTES
Los autores del proyecto explicaron que éste resguarda plenamente el derecho a la reunificación familiar, reconociéndolo como un principio fundamental, pero establece que su ejercicio debe sustentarse en antecedentes verificables y en el estricto respeto del interés superior de los menores de edad.
Entre sus principales medidas, la propuesta incorpora herramientas para fortalecer la trazabilidad de los expedientes migratorios, mejorar los procesos de validación y autenticidad de la documentación presentada y permitir la revisión de permisos obtenidos mediante fraude, falsificación o entrega de información falsa.
Los parlamentarios enfatizaron que la iniciativa no restringe la migración regular ni crea nuevas sanciones penales, sino que buscaría fortalecer la seguridad jurídica, aumentar la transparencia del sistema migratorio y garantizar una protección más efectiva para niños, niñas y adolescentes involucrados en procesos de reunificación familiar.
