Política

Steinert: aumenta rechazo transversal a silla giratoria

Mario López M.

Steinert
Foto: Publicado en X por @MinSteinert
Desde el oficialismo hasta la izquierda cuestionan la designación de la exministra en Paraguay. Kast, que condenaba los nombramientos diplomáticos como premios de consuelo, enfrenta críticas por reproducir prácticas que prometió erradicar.

La designación de Trinidad Steinert como agregada de Seguridad en Paraguay aumenta el rechazo transversal que alcanza a la derecha oficialista, el PDG y la oposición. El nombramiento devuelve al Gobierno de José Antonio Kast una controversia sobre la silla giratoria que el propio mandatario alimentó durante años. Como candidato y dirigente opositor, cuestionó duramente la utilización sillas giratorias repartiendo cargos diplomáticos para reubicar figuras amigas o pagar favores políticos.

La exministra de Seguridad dejó su cargo el 19 de mayo, después de apenas 69 días de gestión. Su salida ocurrió en medio de cuestionamientos por su intervención en la Policía de Investigaciones y la remoción de una alta funcionaria y sobre todo por su incapacidad de gestión. Ahora, el Ejecutivo decidió incorporarla nuevamente a la administración pública, esta vez en la Embajada de Chile en Asunción.

La controversia no se limita solo a su mal desempeño anterior. Parlamentarios de distintos sectores cuestionan la necesidad de la nueva función y las razones de su nombramiento. También recuerdan las promesas presidenciales de terminar con los pitutos y privilegiar el mérito en los cargos públicos.

Kast prometía terminar con los premios de consuelo

En 2019, José Antonio Kast promovió la denominada Ley JUPI, acrónimo de «Jamás un Pituto Internacional». La propuesta buscaba enfrentar los nombramientos diplomáticos motivados por relaciones personales o compromisos políticos. Entonces, el actual Presidente denunciaba prácticas que atribuía a los gobiernos anteriores.

En marzo de 2022, cuestionó el nombramiento de Paula Narváez como representante de Chile ante Naciones Unidas. Meses después, criticó la designación de Beatriz Sánchez como embajadora en México. En esa oportunidad, acusó al gobierno de Gabriel Boric de utilizar las embajadas para otorgar premios de consuelo, pitutos y favores políticos.

La crítica volvió a aparecer cuando cuestionó al embajador Javier Velasco por su cercanía con Boric. Kast calificó su nombramiento como una expresión de «pitutocracia en su máxima expresión». Su discurso instalaba la promesa de que una futura administración propia actuaría con criterios diferentes.

De las promesas a las decisiones en La Moneda

Sin embargo, una vez instalado en La Moneda, Kast comenzó a defender nombramientos que anteriormente había cuestionado. En mayo, su Gobierno designó embajadores a los exparlamentarios Francisco Chahuán, Juan Antonio Coloma y Jorge Tarud. Las decisiones provocaron críticas por el predominio de criterios políticos sobre la carrera diplomática.

Consultado en junio sobre esa contradicción, el Presidente reconoció que pudo haber utilizado mejor el concepto de premios de consuelo. También sostuvo que los nombramientos debían evaluarse según sus resultados. Su explicación incluyó una frase reveladora sobre las diferencias entre ejercer la oposición y gobernar: «Siempre otra cosa es con guitarra», dijo.

La designación de Steinert vuelve a instalar el mismo debate, ahora con una exministra de su propia administración. Su caso presenta además una particularidad: el cargo de agregada de Seguridad no figuraba previamente en la estructura diplomática chilena, según antecedentes publicados por Ex-Ante. Paraguay ya cuenta con representación policial chilena, lo que alimenta las preguntas sobre la necesidad de esta nueva función.

La derecha también rechaza el nombramiento

El diputado Jorge Guzmán, de Evópoli, cuestionó que Steinert recibiera una nueva responsabilidad pública después de su salida del gabinete. «A mí no me gustan los premios de consuelo», afirmó. El parlamentario sostuvo que habría esperado que la exministra continuara su desarrollo profesional fuera del Gobierno.

Desde el Partido Nacional Libertario también surgieron reparos. La diputada Paulina Muñoz cuestionó que el Ejecutivo continúe ofreciendo nuevas funciones a autoridades que abandonaron sus cargos. Su crítica se suma a las formuladas desde sectores de Chile Vamos.

Las declaraciones resultan especialmente significativas porque provienen de colectividades cercanas al Gobierno. No se trata, por tanto, de una controversia circunscrita a los partidos opositores. El cuestionamiento alcanza a sectores que comparten buena parte de las prioridades políticas del Presidente.

El PDG denuncia reciclaje político

Los diputados Tamara Ramírez, Flor Contreras y Patricio Briones, del Partido de la Gente, también rechazaron la designación. Los parlamentarios cuestionaron que se utilicen destinos diplomáticos y asesorías presidenciales para reubicar exautoridades. A su juicio, esas prácticas contradicen los compromisos gubernamentales de probidad y austeridad.

«El Gobierno debe terminar con esta silla musical y los premios de consuelo», declaró Flor Contreras. La parlamentaria recordó los cuestionamientos de Contraloría a la gestión de Steinert y su ausencia ante la comisión investigadora de la Cámara. También anunció que fiscalizarán el nombramiento.

Tamara Ramírez denunció que el Ejecutivo estaría instalando una cultura de reciclaje político. Patricio Briones, por su parte, pidió esclarecer las responsabilidades administrativas pendientes antes de asignar nuevas funciones a autoridades cuestionadas. Ambos insistieron en que los nombramientos deben responder a necesidades institucionales y criterios técnicos.

La izquierda cuestiona el premio de consuelo

Desde la oposición, el diputado socialista Daniel Manouchehri recordó las críticas que Kast formulaba contra los nombramientos diplomáticos del gobierno anterior. Su cuestionamiento apunta a la diferencia entre aquellas declaraciones y las decisiones actuales. La designación de Steinert vuelve a colocar esa contradicción en el centro del debate.

El diputado frenteamplista Gonzalo Winter recordó que la exministra recibió seis citaciones para comparecer ante una comisión investigadora sobre su gestión. Según señaló, Steinert no concurrió a ninguna de ellas. El parlamentario cuestionó que ahora sea destinada a representar al Estado en el extranjero.

También desde el Partido Comunista surgieron críticas. La excandidata presidencial Jeannette Jara ironizó sobre la posibilidad de que Steinert no encontrara espacio en el denominado Segundo Piso de La Moneda. Su comentario alude a la incorporación de otras exautoridades a funciones de asesoría presidencial.

La Tercera cuestiona la coherencia gubernamental

La controversia también llegó al editorial de La Tercera de este miércoles. El diario cuestionó que la designación entre en conflicto con compromisos centrales del Gobierno, particularmente aquellos relacionados con el mérito y el rechazo a los favores políticos. Además, puso en duda la necesidad institucional del nuevo destino.

El editorial vinculó el caso con otras reubicaciones de exautoridades en la administración presidencial. De esa manera, situó el nombramiento de Steinert dentro de una discusión más amplia sobre el uso de cargos públicos. El problema no reside exclusivamente en quién recibe el nombramiento, sino también en su justificación.

Cancillería, por su parte, defendió la experiencia de Steinert como exfiscal regional de Tarapacá y su conocimiento del crimen organizado. Esos antecedentes forman parte de la explicación oficial. Sin embargo, las críticas parlamentarias apuntan también a la creación de la función, su necesidad y los compromisos que el Gobierno había asumido.

La silla giratoria y las promesas presidenciales

El caso Steinert plantea una pregunta que trasciende las diferencias partidarias. ¿Qué cambió entre el Kast que denunciaba los premios de consuelo y el Presidente que ahora debe defender sus propios nombramientos? La respuesta exige contrastar las promesas con los criterios efectivamente utilizados.

La experiencia profesional de una exautoridad puede justificar su incorporación a determinadas funciones públicas. Pero esa posibilidad no elimina la necesidad de explicar por qué se requiere el cargo, cuáles serán sus responsabilidades y qué criterios determinaron su selección. Menos aún cuando existen cuestionamientos administrativos pendientes de aclaración.

La discusión devuelve al Presidente sus propias palabras sobre pitutos, amiguismos y premios de consuelo. Esta vez, las preguntas no provienen solamente de sus adversarios políticos, sino también de sectores que respaldan su Gobierno. Y el nombramiento de Steinert ofrece una nueva oportunidad para comprobar cuánto queda de aquellas promesas una vez que se ejerce el poder.

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