La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil española ingresó este miércoles a la sede central del gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE), en Madrid, en el marco de una investigación judicial por presunta financiación ilegal, pagos irregulares y una supuesta red destinada a influir en procesos judiciales vinculados al oficialismo español.
El procedimiento fue ordenado por la Audiencia Nacional y se concentró en la recopilación de documentación relacionada con pagos realizados entre 2017 y 2024 a dirigentes, empleados y personas vinculadas al partido, incluyendo a la exmilitante socialista Leire Díez y a Vicente Fernández, ambos detenidos en el marco de la causa, según reportó Deutsche Welle.
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La diligencia se realizó en la sede del PSOE ubicada en la calle Ferraz de Madrid y estuvo encabezada por agentes de la UCO, unidad especializada de la Guardia Civil que investiga delitos complejos y casos de corrupción política. Según fuentes judiciales citadas por medios españoles, el magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno mantiene bajo secreto parte de la investigación.
INVESTIGACIÓN APUNTA A PAGOS EN EFECTIVO
La causa indaga presuntos pagos en efectivo realizados por el PSOE para cubrir gastos de dirigentes y colaboradores del partido. Parte de esos desembolsos, incluidos los atribuidos al exministro José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García, ambos en prisión preventiva por otra investigación de corrupción, podrían configurar delitos de blanqueo de capitales.
De acuerdo con antecedentes divulgados por medios europeos y documentos judiciales, la investigación también examina posibles intentos para desacreditar investigaciones policiales y judiciales que afectaban a figuras cercanas al Gobierno del presidente Pedro Sánchez.
La Audiencia Nacional además imputó al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán; al exvicepresidente andaluz Gaspar Zarrías; a la gerente socialista Ana María Fuentes; además de abogados y exfuncionarios policiales. Los investigadores también efectuaron registros en viviendas y oficinas vinculadas a los imputados en Madrid y Navarra.
SÁNCHEZ PROMETE COLABORACIÓN CON LA JUSTICIA
Desde Roma, donde sostuvo una reunión con el papa León XIV, Pedro Sánchez aseguró que el PSOE colaborará “totalmente” con la Justicia y defendió la actuación de la colectividad frente a las denuncias.
El mandatario español recalcó que el procedimiento correspondió a un requerimiento de información y no a un allanamiento completo de la sede partidaria. Asimismo, afirmó que el partido actuó con rapidez una vez conocidas las acusaciones contra Leire Díez, quien posteriormente renunció a su militancia.
Sin embargo, la oposición española endureció sus críticas y volvió a exigir elecciones anticipadas. El conservador Partido Popular acusó al Ejecutivo de enfrentar una “grave degradación institucional”, mientras sectores aliados del oficialismo advirtieron que una eventual confirmación de financiación irregular podría afectar la continuidad del actual bloque de gobierno.
CRECE PRESIÓN POLÍTICA SOBRE EL GOBIERNO ESPAÑOL
El operativo ocurre en medio de una serie de investigaciones que afectan a figuras cercanas al Ejecutivo español, incluidos exministros, exdirigentes socialistas e incluso familiares del presidente del Gobierno.
Aunque Sánchez descartó adelantar elecciones y aseguró que su administración completará el mandato hasta 2027, las causas judiciales continúan elevando la presión política sobre el PSOE y reactivando el debate sobre corrupción y transparencia en España
