Escala controversia por parque ligado a la familia Kast. Parlamentarios recurrieron a la Contraloría, la Fiscalía y diversos organismos públicos para revisar la tramitación ambiental, urbanística, administrativa y laboral del proyecto emplazado en Paine. Las acciones se originan tras un reportaje que reveló antecedentes sobre su construcción.
Las denuncias sobre el denominado Centro de Eventos y Cultura Parque Zandia, vinculado a la familia del Presidente José Antonio Kast, comenzaron este viernes a transitar desde el plano político al institucional.
Parlamentarios de oposición recurrieron a la Contraloría General de la República y al Ministerio Público para solicitar investigaciones sobre eventuales irregularidades relacionadas con la construcción y tramitación del proyecto, luego de los antecedentes revelados por un reportaje de investigación publicado por El Mostrador.
En paralelo, el diputado Jaime Bassa ofició al Ministerio del Medio Ambiente, al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), al Ministerio del Trabajo, a la Dirección del Trabajo y a la Municipalidad de Paine para requerir todos los antecedentes administrativos relacionados con la iniciativa.
Qué buscan esclarecer
Las solicitudes apuntan a verificar si durante el desarrollo del proyecto se respetó íntegramente la legislación ambiental, urbanística, administrativa y laboral.
Entre los antecedentes requeridos figuran el estado de la tramitación ambiental; eventuales investigaciones por una posible elusión al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental; permisos municipales; fiscalizaciones efectuadas por los distintos organismos públicos; un accidente laboral ocurrido durante las obras y la actuación de quienes participaron en la evaluación administrativa del proyecto.
Bassa sostuvo que, de confirmarse los antecedentes conocidos públicamente, corresponde establecer si las instituciones actuaron conforme a la ley y si se respetaron los principios de imparcialidad, probidad e igualdad ante la ley. Agregó que el propósito de los oficios es reunir información oficial antes de extraer conclusiones.
También bajo revisión la dimensión laboral
Las acciones incorporan una dimensión que podría adquirir especial relevancia durante las investigaciones: el cumplimiento de la normativa laboral y migratoria respecto de la mano de obra utilizada en la construcción del recinto.
El reportaje que dio origen a la controversia señala que las obras fueron ejecutadas con participación de trabajadores extranjeros, antecedente que, por sí solo, no constituye irregularidad alguna. Sin embargo, abre una línea de revisión respecto del cumplimiento de la legislación laboral y migratoria aplicable, materias cuya fiscalización corresponde precisamente a los organismos a los que fueron dirigidos los requerimientos.
La investigación deberá establecer, entre otros aspectos, si la contratación, las condiciones laborales y las obligaciones legales asociadas al desarrollo del proyecto se ajustaron plenamente a la normativa vigente.
Del debate político al control institucional
Las acciones presentadas no implican, por sí mismas, la existencia de responsabilidades administrativas o penales. Su finalidad es que sean los órganos competentes quienes determinen si existieron o no infracciones y, en caso afirmativo, establezcan las responsabilidades que correspondan.
El caso adquiere especial sensibilidad debido a que involucra un proyecto ligado a la familia del Presidente de la República. Precisamente por ello, el estándar de control institucional cobra especial relevancia: la igualdad ante la ley exige que cualquier iniciativa privada sea sometida al mismo escrutinio administrativo y judicial cuando existen antecedentes que justifican una revisión.
Más que anticipar culpabilidades o descartar responsabilidades, las presentaciones buscan que sean la Contraloría, el Ministerio Público y los organismos sectoriales quienes determinen, con base en los antecedentes y dentro de sus competencias, si la construcción y tramitación del proyecto se ajustaron plenamente a la legislación chilena.
