Con mayoría de representantes de la oposición quedó la comisión revisora en la Cámara de Diputadas y Diputados de la acusación constitucional (AC) en contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau.
Previo a iniciar el sorteo se descartó a quienes firmaron el libelo: Álvaro Jofre (PNL), Gloria Naveillan (PNL), Cristóbal Urruticoechea (PNL), Paulina Muñoz (PNL), Javier Olivares (PDG), Patricio Briones (PDG), Daniel Valenzuela (Ind.- RN), Francisco Orrego (RN), Roberto Arroyo (Ind.), Benjamín Moreno (Rep), Valentina Becerra (Rep) e Ignacio Urcullú (Rep).
Entonces el secretario general de la Cámara, Miguel Landeros, procedió a realizar el sorteo y de los cinco integrantes tres resultaron ser de la oposición.
La comisión investigadora quedó conformada por los diputados Carlos Bianchi (IND-PPD), Marcela Hernando (PR), Alejandro Bernales (PL), Luis Sánchez (Republicanos) y Joanna Pérez (Demócratas).
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Por lo pronto, la diputada Joanna Pérez (del oficialismo), no ha comprometido su voto a favor del libelo. Bianchi, por su parte (de oposición), dijo en T13 que aún está «analizando» la acusación.
Con todo, la misión de la comisión será discutir la AC contra Grau, que fue presentada en la tarde de ayer el Partido Nacional Libertario (PNL) y el Partido Republicano.
El documento de 60 páginas se enfoca en presuntas irregularidades en la presentación de información fiscal que entregó el exlíder de Hacienda mientras estuvo al mando de la cartera. Entre otras cosas, le cuestiona la “no incorporación del financiamiento del reajuste del sector público y otras presiones de gasto vigentes”.
De ser aprobada la acusación, el exministro no podría ejercer cargos públicos durante cinco años.
LOS PLAZOS
La normativa establece que, dentro del tercer día contado desde que se da cuenta de la AC se deberá notificar al acusado.
El afectado podrá, dentro del décimo día desde su notificación, comparecer ante la comisión para ejercer su defensa, ya sea personalmente o mediante una presentación escrita. Posteriormente, la comisión dispondrá de un plazo de seis días, contados desde la comparecencia del acusado o desde que se acuerde continuar sin su defensa, para estudiar la acusación y pronunciarse al respecto.
