Política

Revolución Democrática anuncia querella criminal “contra quienes resulten responsables” del bullado caso “polologate” que involucra dineros fiscales

Santiago, Chile.

Mario López M.

Para mañana martes 27 de junio a las 9:30 hrs., el partido Revolución Democrática, integrante del Frente Amplio y parte del conglomerado gobiernista Apruebo Dignidad, una de las almas del gobierno del Presidente Gabriel Boric, interpondrá una querella criminal “en contra de todos quienes resulten responsables de los hechos ocurridos, referidos a los convenios suscritos entre el Seremi de Vivienda de Antofagasta y la Fundación Democracia Viva, en base a los delitos investigados por el Ministerio Público”.

LLUEVEN LAS CRÍTICAS

Concurrirán al Centro de Justicia de Av. Pedro Montt 1606, Santiago Centro, la Directiva Nacional de Revolución Democrática en pleno, encabezada por su presidente, el senador Juan Ignacio Latorre.

Para el diputado Jaime Sáez (RD) la bancada parlamentaria en la cámara baja, está asumiendo un costo que no les corresponde, asegura en entrevista al medio Ex Ante, aunque reconoce que “Plantear una inocencia de plano fue un error”

El partido fundado por el actual ministro, Giorgio Jackson, ha sido objeto de duras críticas provenientes de casi todo el espectro político y no solo de la oposición, como consecuencia de los graves hechos que se han conocido en los últimos días, de adjudicaciones consideradas “truchas” de dineros fiscales de manera directa por parte de diversas fundaciones compuestas por militantes de esa colectividad y cuyos fines aparecen más ligados a proselitismo que a obras sociales.

El problema se agrava, cuando quienes adjudican esos fondos, son militantes de ese mismo partido en donde los amiguismos y dependencias laborales y sentimentales, se entrecruzan, como en el caso de Antofagasta.

Las mayores críticas han sido a los actos cuya apariencia de corrupción parece evidente a los ojos de muchos, que incluso han hablado de eventuales delitos, como la ministra Carolina Tohá y que han llegado a “indignar” al Presidente Gabriel Boric, en sus propios dichos.

Pero las de fondo, no son las únicas críticas. También se ha cuestionado la forma, en este caso lo tardío en condenar los hechos y a sus presuntos autores y efectuar las denuncias a las instancias competentes, así como la demora en instruir los sumarios de rigor, a pesar de pasar más de un mes desde que se habían denunciado los hechos.

FUE UN ERROR RESPALDAR A PÉREZ

No parece suficiente la “suspensión” de la vicepresidencia de la cámara baja por parte de la diputada por Antofagasta Catalina Pérez, polola del representante legal de Democracia Viva, la fundación que, sin tener ni giro ni sede real, ni menos experiencia laboral, se adjudicó $426 millones de parte de la Seremi de Vivienda de Antofagasta, cuyo encargado, Carlos Contreras, también militante de RD., fue jefe de gabinete de la diputada y amigo de su pololo.

Tampoco parece suficiente la tardía suspensión de la militancia de la parlamentaria y la expulsión del otrora seremi y el pololo de la diputada, Daniel Andrade, quien en paralelo oficiaba remuneradamente de “asesor” en el Ministerio de Defensa, desde donde fue “expulsado”, según aseveró la parlamentaria.

Para el diputado de la colectividad, Jaime Sáez, “fue un error” que Latorre, presidente del partido, entregara un espaldarazo a la parlamentaria. También considera que la demora de Pérez en salir de la mesa directiva de la Cámara Baja perjudicó al oficialismo y que si ella sabía o no sobre el convenio firmado “es algo que tiene que dilucidar el Tribunal Supremo del partido y eventualmente la justicia. Si es verosímil o no su relato es una cuestión que queda para la opinión pública”, desmarcándose así de respaldar la versión de la parlamentaria. “El resto de la bancada no tiene absolutamente nada que ver”, señaló a Ex Ante.

DURO GOLPE A RD

En dicha entrevista afirmo que “Indudablemente que es un golpe muy duro (para RD), más aún cuando hay gente como el senador (Fidel) Espinoza golpeándonos cada 15 minutos en sus redes sociales sin antecedentes y obviamente es algo de lo cual tenemos que hacernos cargo. En mi perspectiva, la manera de hacerlo es con trabajo, demostrando que este es un caso aislado y que no corresponde en ningún caso a nuestra lógica de militancia, nuestros principios y al trabajo honesto y serio que la gran mayoría de nosotros estamos realizando y que hemos venido haciendo hace 10 años desde que estábamos en la calle”.

“Nadie está por sobre el proyecto colectivo, absolutamente nadie”, planteó Jaime Sáez, quien ha acusado el golpe de los últimos días que ha afectado a su partido. “Revolución Democrática, a diferencia de otros partidos, ha actuado de manera rápida, con celeridad. Creo que también hay que poner en proporción aquello: tardamos 3-4 días en tomar acciones en la medida en que la información se iba armando, porque es un puzzle complejo, con mucha información compartimentada que dificultaba la toma de decisiones y pese a aquello tomamos decisiones colectivas que son relevantes, haciendo respetar nuestra institucionalidad. Yo creo que el partido está haciendo lo que corresponde y va a seguir tomando medidas en caso de que sea necesario”, afirmó.

Claro que el parlamentario no se atreve a adelantar un juicio de valor acerca de la credibilidad de la parlamentaria envuelta en la polémica: “Eso es algo que tiene que dilucidar el Tribunal Supremo del partido y eventualmente la justicia. Si es verosímil o no su relato es una cuestión que queda para la opinión pública … Yo prefiero que se lleven adelante las investigaciones correspondientes. Confío en que el Tribunal Supremo va a actuar con la celeridad y rigurosidad que corresponde y que ha tenido en casos anteriores, y, por lo tanto, eso es lo que va a determinar si lo que señala la diputada Pérez es verosímil o no”, señaló.

Por su parte, el diputado Jorge Brito (RD), aseguró a La Tercera, que «ella va a tener que responder ante la justicia en un proceso que la fiscalía ya está llevando adelante. Nosotros somos lo que hacemos, no lo que decimos. Estamos desarrollando un proyecto de ley para aplicar los estándares de transparencia pública a las fundaciones. Porque donde haya un peso público debe haber total transparencia. Quien le roba al Fisco le roba a Chile y eso debe ser castigado. No tenemos ni un tipo de superioridad moral. Nos hacemos la autocrítica de que debemos ser más vigilantes del comportamiento de todas y todos nuestros militantes. Y si nuestra organización no actúa en forma categórica, si nuestra bancada no actúa en forma categórica e intachable, estaremos traicionando la confianza que Chile nos dio. Ella tiene que enfrentar todo tipo de responsabilidades, políticas, administrativas y legales ante la justicia”, concluyó.

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