Una fuerte controversia política se instaló tras la confirmación de recortes presupuestarios en el Ministerio de Desarrollo Social y la advertencia de eventuales ajustes en prestaciones sociales, lo que generó críticas desde el oficialismo y también desde sectores de la oposición.
La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, cuestionó directamente al Gobierno por lo que calificó como un incumplimiento de compromisos de campaña. “El presidente Kast durante su campaña dijo que no iba a tocar ninguna prestación social, pero la realidad es otra durante su gobierno”, afirmó.
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Martínez advirtió que, según información entregada por el ministro Jorge Quiroz mediante oficio, “podrían estar en riesgo muchas prestaciones sociales fundamentales”, entre ellas la alimentación escolar, el apoyo a PYMES, el ajuar para recién nacidos e incluso la Pensión Garantizada Universal (PGU). “Cuando un adulto mayor escucha que peligra su pensión, el asunto no es técnico, es realmente importante”, enfatizó, llamando al Ejecutivo a “dejar el discurso deshumanizante” y transparentar qué programas serán recortados.
CRÍTICAS POR IMPACTO EN SECTORES VULNERABLES
Desde el Senado, la parlamentaria socialista Daniella Cicardini, integrante de la Comisión de Hacienda, criticó el decreto que recorta $32.721 millones en Desarrollo Social. “Recortarle 32 mil millones a la protección de la discapacidad, a la niñez y la infancia es graduarse con excelencia en inhumanidad e indolencia”, señaló.
La legisladora acusó una contradicción entre la política fiscal del Gobierno y sus prioridades sociales. “Mientras el gobierno propone bajar impuestos a los más ricos, no tienen pudor en quitarle el ajuar y hasta las mantas a los recién nacidos”, sostuvo, cuestionando la justificación de los ajustes.
En la misma línea, la diputada Gael Yeomans acusó un trato desigual en las decisiones económicas. “El Gobierno decide aliviarle el bolsillo a los súper ricos, mientras persigue a personas que no pueden pagar el CAE”, afirmó.
DEBATE SE AMPLÍA A DEUDA ESTUDIANTIL
El diputado Eduardo Durán (RN), subjefe de bancada, abordó el impacto de las políticas económicas en sectores endeudados, particularmente en el Crédito con Aval del Estado (CAE). Criticó los mecanismos de cobro y planteó la necesidad de introducir criterios de justicia en los pagos.
Durán propuso medidas como impedir embargos a personas con ingresos menores a $1,5 millones y ajustar los cobros considerando la capacidad real de pago. “Nuestra idea es que exista justicia. Hay una deuda pendiente del Estado con quienes estudiaron y hoy enfrentan este sistema de financiamiento”, afirmó, insistiendo en la necesidad de avanzar hacia el fin del CAE.
LLAMADO TRANSVERSAL A MAYOR CLARIDAD
Pese a las diferencias políticas, las críticas coincidieron en un punto: la necesidad de mayor transparencia por parte del Ejecutivo. Desde la oposición, Durán recordó que “la promesa de campaña fue clara: no se iba a recortar el gasto social”, y advirtió que, si existen ajustes, deben explicarse con claridad.
“Puede haber programas ineficientes, pero lo que no puede pasar es que se afecte a la gente de menos recursos”, sostuvo, cuestionando además la falta de coherencia en las señales del Gobierno.
El debate por los recortes abre así un nuevo flanco político para La Moneda, en medio de un escenario marcado por el ajuste fiscal y la discusión sobre las prioridades del gasto público.
Y sigue la locura…Estos recortes en salud son profundamente irresponsables. No se está tocando burocracia: se están poniendo en riesgo programas que sostienen la vida de miles de personas, desde salud mental, prevención del suicidio y vacunación, hasta cuidados paliativos,… pic.twitter.com/Ae6cpsghyD
— Ana María Gazmuri (@AnaMariaGazmuri) April 24, 2026
